19/03/2019 En Córdoba

Un pueblo enfermo

Monte Maíz tiene cerca de 8 mil habitantes y un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba detectó que el lugar está severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas.

En Argentina, las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Las mismas le otorgan a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso ha crecido año tras año debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.

Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola ubicada 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 toneladas de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato donde terminan las viviendas.

Los especialistas llevaron a cabo un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico y, por otro, un análisis ambiental. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

El análisis ambiental permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas.

Se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, el glifosato es el más relevante.

El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4.859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000).

Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.

La tasa de mortalidad por dicha enfermedad es un 299% más elevada que en la Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital provincial. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014.

El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.

Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos. En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva, 79 sufrieron abortos espontáneos, lo que indica que la tasa llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%), informado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 niños presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período, habría que sumar unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.

En todo el país, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que en 2014, entre los 281.249 niños nacidos, se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.

Falta de control

Una investigación de la AGN en 2013 sostuvo que el ente encargado de controlar la implementación de agrotóxicos tiene atribuciones que no puede cumplir. La labor del SENASA es “deficiente” por no acatar las reglas existentes. Se fumigan cultivos transgénicos sobre más de 22 millones de hectáreas de doce provincias. No obstante, las tareas de promoción de la salud para las 12 millones de personas afectadas no avanzan desde 2010.

La AGN remarcó que el SENASA sufre de “anarquía legislativa”: el área de cultivo transgénico abarca 12 provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes). Para la Auditoría esta “disparidad de jurisdicciones” que deben intervenir en el control (nación, provincias, municipalidades), generó que los técnicos hayan dejado explícita una pregunta en su investigación: “¿Cómo se hace con la aplicabilidad de normas cuando cada municipio tiene su propio sistema respecto de la prohibición o no de fumigar?”.

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